La economía informal en México continúa siendo un reto estructural para el desarrollo económico y social del país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 este sector alcanzó un valor de 8.09 billones de pesos, equivalente al 24.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional a precios corrientes, el segundo nivel más alto registrado desde 2003.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reportó que, en julio de 2024, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.8 por ciento, lo que representa a 36.7 millones de personas, de las cuales más de la mitad son mujeres. Los estados con mayores niveles de empleo informal son Oaxaca (77.97 por ciento), Guerrero (77.47 por ciento) y Chiapas (77.43 por ciento). Estas cifras reflejan desigualdades regionales y barreras estructurales que dificultan la inserción en el empleo formal.
Información proporcionada por Skandia, holding financiero, detalla que, entre los factores que alimentan la informalidad destacan los altos costos laborales, la carga fiscal y la falta de infraestructura en distintas regiones, lo que desincentiva a las empresas a formalizarse. Ante este panorama, el gobierno federal ha impulsado estrategias como el Plan México y programas de capacitación para jóvenes, aunque persisten retos relacionados con burocracia, acceso a financiamiento y reformas regulatorias.
Especialistas coinciden en que reducir la informalidad exige medidas estructurales como la simplificación de trámites, incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas, así como inversión en salud, educación y transporte. Sin estas condiciones, millones de mexicanos continuarán trabajando sin acceso a seguridad social, pensiones ni ahorro para el retiro, lo que representa un riesgo tanto para la estabilidad de los hogares como para la sostenibilidad económica del país.
