La modificación al artículo 25, fracción XIV, de la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 ha puesto fin a una discusión que llevaba años generando incertidumbre en el sector asegurador: ¿debe el IVA pagado en la atención de siniestros ser acreditable para las compañías? La respuesta legislativa fue tajante: no. Y aunque la nueva regla pretende generar certeza jurídica, sus efectos van mucho más allá de la técnica tributaria.
Durante años, las aseguradoras sostuvieron que, al adquirir bienes y servicios para reparar o reponer un bien siniestrado, soportaban un IVA que debía acreditarse. La autoridad, por su parte, defendía que estos desembolsos no generaban valor agregado alguno, pues solo representaban el cumplimiento de una obligación contractual. Este choque de posturas derivó en litigios constantes, criterios dispares y una operación fiscalmente inestable.
La reforma elimina ese vacío normativo y consolida la visión gubernamental de cerrar espacios de interpretación que disminuyan la recaudación. En un contexto fiscal exigente, el Estado prefiere optimizar el marco vigente antes que elevar tasas, y el sector asegurador terminó siendo un terreno propicio para ordenar prácticas que variaban entre instituciones.
El impacto operativo, sin embargo, será profundo. Al convertirse el IVA en un costo definitivo cuando la aseguradora paga directamente a un proveedor, aumentan los gastos de siniestros, se ajustan márgenes de rentabilidad y se modifica la estructura de costos en ramos como autos, daños y responsabilidad civil. Este cambio obligará a las compañías a replantear modelos de registro contable, provisiones técnicas y la lógica misma de la atención de reclamaciones.
Uno de los efectos más visibles será la creciente relevancia de la titularidad de la factura. En el caso de asegurados corporativos, si el comprobante se emite a su nombre, podrán seguir acreditando el IVA y deduciendo el gasto, lo que incentivará esquemas de reembolso en lugar de pagos directos. Para personas físicas, en cambio, el impuesto podría convertirse en un costo inevitable, complicando la comunicación comercial y generando potenciales fricciones en la experiencia del siniestro.
Este reacomodo también afectará a proveedores, talleres y prestadores de servicios, quienes verán menor volumen de operaciones canalizadas directamente por las aseguradoras. A mediano plazo, la competencia podría endurecerse, y las compañías tendrán que optar entre optimizar su cadena de siniestros, ajustar primas o rediseñar coberturas para mitigar el impacto fiscal.
En mi opinión, la reforma marca el inicio de un nuevo reto en el mercado; redefine incentivos, modifica relaciones comerciales y obliga al sector a innovar en eficiencia operativa. El reto será adaptarse con transparencia y estrategia para evitar que este cambio normativo se traduzca en distorsiones para el asegurado.
El éxito de esta transición dependerá tanto de la flexibilidad de las compañías como de la claridad con la que comuniquen los nuevos esquemas de atención y facturación. El sector asegurador ha demostrado históricamente su capacidad de ajuste; ahora, más que nunca, deberá hacerlo de manera coordinada y con una visión de largo plazo.