México se mantiene entre los 10 países con mayor actividad de cibercrimen a nivel mundial y las pequeñas y medianas empresas se han convertido en uno de los objetivos más vulnerables. De acuerdo con datos recientes, tres de cada cinco PyMEs podrían cerrar tras un ataque cibernético debido a su impacto económico, mientras que 28 por ciento ha registrado fugas de información en los últimos dos años.
El fenómeno no es aislado. A escala global, el costo del cibercrimen para 2025 se estima en 10.5 mil millones de dólares, impulsado por un aumento de 42 por ciento en bloqueos por minuto, una señal clara de la velocidad y frecuencia con la que hoy operan los ataques digitales. El ransomware, en particular, se ha consolidado como una de las amenazas más disruptivas al ser capaz de paralizar por completo operaciones en sectores clave.
En este contexto, Mapfre México anunció la ampliación de coberturas orientadas a la protección de PyMEs frente a riesgos cibernéticos. La iniciativa contempla acompañamiento técnico y legal desde los primeros minutos de un incidente, así como mecanismos para enfrentar interrupciones operativas, fugas de información y posibles sanciones derivadas de violaciones de seguridad.
La cobertura incluye respuesta inmediata ante incidentes, soporte legal y administrativo, indemnización por interrupción de negocio, protección reputacional y asistencias técnicas enfocadas en la prevención y gestión de ciberriesgos. El objetivo es atender un entorno donde los ataques digitales ya no son una posibilidad remota, sino un riesgo cotidiano.
“Cuando una PyME se detiene por un ciberataque no solo se afecta un negocio, se rompe una cadena completa de ingresos, empleos y servicios”, señaló Oscar Pineda, director ejecutivo Técnico de Mapfre México. La afirmación subraya una realidad creciente: la ciberseguridad se ha convertido en un factor crítico para la continuidad y estabilidad económica del país.
