En México existen más de 250,000 instituciones educativas, desde nivel inicial hasta superior, según cifras del Inegi. En este panorama, contar con un seguro de Responsabilidad Civil (RC) no solo es una medida de prevención, sino también una obligación para garantizar el bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo. Además de cumplir con normas legales, esta protección ayuda a que los centros educativos se mantengan preparados frente a situaciones imprevistas que puedan afectar su operatividad y prestigio.
Los riesgos a los que se enfrentan las escuelas, universidades y academias son múltiples. Entre ellos destacan los accidentes personales que pueden provocar lesiones, enfermedades o incluso fallecimientos, ya sea por caídas, intoxicaciones, golpes o negligencias en el cuidado de la salud. También están los riesgos estructurales, como fallas eléctricas en laboratorios, desplomes de instalaciones o daños ocasionados por fenómenos naturales como huracanes y sismos. Estos eventos no solo afectan a los alumnos, sino también a terceros y al patrimonio de las instituciones.
Ante estos escenarios, el seguro de Responsabilidad Civil se convierte en una herramienta indispensable. Este tipo de pólizas cubren tanto los daños materiales como el perjuicio económico y el daño moral causado a terceros, además de brindar defensa jurídica al asegurado. Con ello, guarderías, colegios y universidades pueden actuar con profesionalismo frente a cualquier eventualidad derivada de sus actividades de enseñanza y custodia de estudiantes, evitando así graves repercusiones legales y financieras.
De acuerdo con Teresa Yáñez, directora de Siniestros en GMX Seguros, la clave está en diseñar coberturas a la medida de cada institución: “Al adquirir una póliza de RC, el asegurado también recibe el servicio de Administración de Riesgo, que incluye visitas al inmueble para identificar peligros, además de capacitaciones en prevención y en temas como la inocuidad de los alimentos”. De esta forma, las instituciones no solo cumplen con su obligación legal, sino que también refuerzan su compromiso con la seguridad y confianza de la comunidad educativa.
