Por: Mauricio G. Arredondo Fernández Cano
En México, la conversación sobre certificación de conocimientos y competencias no es reciente. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en 1994, nuestro país adoptó la práctica de homologar y evaluar estándares educativos y profesionales para compararlos con los de Estados Unidos y Canadá. Este proceso impulsó una cultura de evaluación orientada a garantizar que quienes ejercen una profesión cuenten con los conocimientos y habilidades necesarios para hacerlo con calidad y ética.
En este contexto, se fortalecieron los programas de educación técnica y superior, se impulsaron planes de capacitación laboral y se crearon instancias encargadas de evaluar conocimientos y competencias con base en estándares previamente establecidos. De este esfuerzo surge, en 1994, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), cuya misión es diseñar y aplicar instrumentos de evaluación estandarizados para medir la calidad académica de estudiantes y egresados. Entre sus funciones destaca la elaboración de exámenes de certificación que sirven como aval para diversas asociaciones de profesionistas, garantizando que sus miembros cuenten con las competencias necesarias para desempeñar su labor de manera eficiente. Algunas entidades gubernamentales incluso exigen esta certificación para el ejercicio profesional en campos específicos. Ejemplos de ello son el Colegio de Contadores Públicos (Contabilidad, Contabilidad Gubernamental, Fiscal y Finanzas), el Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología, el Colegio Nacional de Actuarios (Vida, Rentas Vitalicias, Daños, Fianzas, Pasivos Laborales Contingentes, entre otras especialidades), la Asociación Dental Mexicana, la Asociación Mexicana de Ortodoncia, el Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería y el Colegio Mexicano de Nutriólogos, entre otros.
La evaluación de conocimientos no se limita a las instituciones de educación superior ni a las asociaciones profesionales. En 2005 se creó el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), organismo paraestatal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que valida los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en el trabajo o a lo largo de la vida, otorgando certificaciones oficiales de carácter nacional.
Las pruebas utilizadas para la certificación de conocimientos y competencias laborales son instrumentos estandarizados que buscan asegurar que los sustentantes puedan desempeñarse profesionalmente con calidad y eficacia. Para ello se diseñan con características que garantizan objetividad, pertinencia, confiabilidad y validez, tales como:
• Estandarización. Se diseñan, gestionan y califican bajo condiciones equitativas, unificando criterios y procedimientos para su adopción en diferentes instituciones.
• Contextualización. Los reactivos se basan en contextos reales de la práctica profesional, evaluando competencias que se desarrollan en el ejercicio cotidiano.
• Experiencia. Son avaladas por comités integrados por especialistas con amplia trayectoria en el campo laboral evaluado y en procesos de evaluación.
• Aplicación práctica. Combinan la teoría con casos reales que permiten valorar la capacidad del sustentante para resolver situaciones propias de su trabajo.
• Comparabilidad. Se aplican metodologías que permiten comparar resultados a lo largo del tiempo mediante escalas estandarizadas.
• Confidencialidad. Los resultados y datos personales se resguardan con estricto apego a la privacidad, permitiendo análisis comparativos anónimos.
Estas pruebas no buscan “reprobar por reprobar”, sino confirmar que quien obtiene la certificación cuenta con las competencias necesarias para asesorar con responsabilidad y para adaptarse a los retos de un entorno profesional cada vez más exigente.
Los cambios de nuestra sociedad globalizada crean nuevas exigencias de calidad, eficacia y eficiencia para el desempeño laboral, por lo que se da mayor importancia a la formación académica y capacitación laboral, con el fin de desarrollar habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio profesional. En este sentido, se puede decir que la evaluación de conocimientos y competencias es una respuesta a la necesidad de contar en el país con profesionales capaces de transferir sus conocimientos y habilidades en diferentes contextos dinámicos, cambiantes y adaptarse a las exigencias del mercado en el cual se desempeñan.
En el sistema financiero, esta práctica adquirió especial relevancia debido a la naturaleza del servicio que se brinda: asesorar a personas y empresas en decisiones que impactan directamente su patrimonio y bienestar. Figuras como asesores financieros, promotores de casas de bolsa, personal de administradoras de fondos para el retiro y agentes de seguros y fianzas deben acreditar sus competencias para ejercer. Estas evaluaciones cumplen una doble función: generar credibilidad en el mercado y garantizar que la asesoría brindada responda a las necesidades reales de los clientes. Dado lo anterior, se debe considerar la importancia que tiene la certificación para el desarrollo de los diferentes ámbitos laborales y para el desarrollo del país, puesto que permite fortalecer y consolidar el aprendizaje, así como conocer los temas que se deben atender durante el proceso de formación, no sólo en el ámbito institucional, sino también en el personal.
En el sector asegurador y afianzador, suele hablarse de certificación; sin embargo, para los agentes el proceso corresponde técnicamente a una evaluación de capacidad técnica estandarizada. Este matiz es importante:
- No otorga una certificación profesional amplia, pero sí garantiza que el agente posee los conocimientos mínimos requeridos por la normatividad vigente.
- Es un filtro indispensable para proteger al consumidor y asegurar que quienes asesoran lo hagan con bases sólidas en normatividad, productos y procesos.
Tanto la certificación en general como las evaluaciones técnicas para agentes cumplen una función central: profesionalizar al sector y generar confianza en los clientes. Sus beneficios se reflejan en distintos niveles:
- Para el agente: brinda respaldo y diferenciación en el mercado, además de claridad sobre las áreas en las que puede mejorar.
- Para el cliente: ofrece tranquilidad de que la asesoría que recibe proviene de alguien evaluado bajo estándares oficiales.
- Para el sector: eleva la reputación de la industria y crea parámetros comunes que facilitan la mejora continua.
Es común que muchos agentes vean estas evaluaciones como un requisito para poder ejercer; sin embargo, su valor va más allá de un simple trámite. Son un sello de confianza que garantiza al cliente que la persona que le asesora domina los aspectos técnicos y normativos esenciales para proteger su patrimonio. Además es un proceso que valida los conocimientos y competencias del agente para ejercer su labor con calidad y ética. No sustituye la capacitación (aprender), pero la complementa al verificar (demostrar) que el aprendizaje se traduce en habilidad práctica y asesoría responsable.
- Beneficios para el agente
- Diferenciación en el mercado y respaldo profesional.
- Seguridad para enfrentar situaciones complejas y asesorar con mayor confianza.
- Proyección para acceder a nuevas especialidades o segmentos más exigentes.
- Beneficios para el cliente
- Asesoría de calidad y con sustento técnico.
- Mayor protección al identificar riesgos reales y evitar productos inadecuados.
- Acompañamiento responsable durante la contratación y en el manejo de siniestros.
- Beneficios para el sector
- Estándares comunes que facilitan la mejora continua y la comparabilidad.
- Reforzamiento de la percepción del agente como asesor profesional.
- Impulso a la inclusión financiera mediante la generación de confianza.
En un país donde aún existe baja penetración de seguros y una limitada cultura financiera, estas evaluaciones representan mucho más que un requisito normativo. Son un sello de confianza para los clientes y una herramienta de profesionalización para el sector.
Para el agente, pasar la evaluación no sólo habilita para vender una póliza: demuestra preparación y compromiso con la protección del patrimonio y bienestar de las personas. Es una oportunidad para fortalecer el prestigio de la profesión y consolidar al agente como un asesor integral, capaz de educar, orientar y transformar.
En México, la certificación de conocimientos y competencias ha marcado un antes y un después en la profesionalización de múltiples disciplinas. En el caso de los agentes de seguros y fianzas, aunque el término correcto sea evaluación técnica estandarizada, el objetivo es el mismo: garantizar que quienes están en contacto directo con el cliente cuenten con la preparación necesaria para brindar un servicio de calidad y ético. Además, la inclusión financiera no se logra sólo con más productos en el mercado; se logra con más confianza, y la confianza se construye cuando el cliente sabe que quien le ofrece un seguro o una fianza está preparado y avalado.
Durante años, muchos agentes han visto la evaluación como una carga: estudiar, presentar un examen. Pero hay que cambiar el enfoque: la evaluación no es un obstáculo, es una oportunidad, es un sello de distinción en un mercado donde el cliente busca confianza y profesionalismo. Es la base para construir una carrera sostenible y para atraer nuevas generaciones que vean en esta profesión no sólo un empleo, sino una vocación. Un agente no sólo vende; educa, orienta y transforma. Cada póliza colocada, cada fianza explicada, cada siniestro bien atendido es una semilla de inclusión financiera y bienestar social.
El fortalecimiento de estas evaluaciones enfrenta retos importantes:
- Atraer talento joven y hacerlo ver la intermediación como una carrera atractiva.
- Incorporar competencias digitales sin perder el trato humano característico del agente.
- Mantener actualizados los contenidos y estándares al ritmo del mercado.
- Posicionar la evaluación como un símbolo de prestigio profesional.
Al mismo tiempo, ofrece grandes oportunidades:
- Integrar la evaluación en estrategias de inclusión financiera y digital.
- Impulsar programas de formación continua vinculados al proceso evaluatorio.
Imaginemos un México donde cada persona pueda enfrentar una crisis sin perderlo todo; donde los pequeños negocios tengan respaldo ante los imprevistos; donde nadie deba endeudarse por una enfermedad o un accidente. Ese México sólo será posible con mayor inclusión financiera. Y la inclusión financiera necesita agentes que transmitan confianza, preparados para asesorar con conocimiento y compromiso.
Cada vez que un agente coloca una póliza, no sólo concreta una venta: abre una posibilidad. Cada vez que explica un producto o acompaña en un siniestro, está construyendo un país más resiliente.
La evaluación de la capacidad técnica no es un simple trámite: es la confirmación de que el agente no sólo sabe vender, sino que sabe proteger. De que entiende que su trabajo impacta vidas y que su compromiso va más allá del contrato, reflejándose en cada asesoría bien dada.
Tú que lees estas líneas, que cada día escuchas, explicas y acompañas: eres parte del cambio. Los exámenes no son un obstáculo más; son el paso que te distingue, que te da voz y que te convierte en protagonista del futuro financiero de México. Más que una obligación, estas evaluaciones son una oportunidad para fortalecer tu labor y reafirmar tu papel como asesor de confianza en la protección financiera de las personas.