En 2021, en Perú, abril fue un mes en el que la segunda ola de la COVID-19 tuvo consecuencias terribles, que superaron los estragos de todo el año 2020. Ahora se pronostica que la tercera ola se presentará en septiembre con una duración aproximadamente de nueve meses.
Mientras se espera dicha situación, a la par, la crisis política ha puesto en evidencia que la estructura económica peruana no funciona. Es evidente que desde que apareció la pandemia de neumonía atípica la situación ha empeorado y las desigualdades se han agudizado, sobre todo porque el virus ha golpeado especialmente a Perú y al precario sistema de salud que por años ha sido deficiente.
En junio, las autoridades responsables se sinceraron y ofrecieron datos que llevan el número de fallecidos registrados de 115 000 a 180 000, lo que convierte al país suramericano en la nación con la mayor tasa de mortalidad del mundo.
Perú se encuentra inmerso en una crisis sanitaria tratando de llegar a vacunar al menos a la mitad de la población, con una crisis económica y con una tasa de desempleo tan elevada que trae como consecuencia una informalidad muy extendida, y con personas empleadas en empresas pequeñas y medianas que en su mayoría son poco productivas, generan pocas ganancias, no pagan impuestos y se mueven en un ambiente de baja calidad de empleo.
La informalidad tiene como consecuencia que no se proteja a las personas contra el desempleo y se pronostique de cara al futuro el riesgo de pobreza durante la vejez, con un sistema de salud precario. No se cuenta con una estructura de protección social eficaz.
Los expertos coinciden en que el reto al día de hoy no es controlar esta pandemia, sino conseguir la gobernabilidad de las nuevas autoridades, que a partir del mes de julio deben alcanzar esta condición para lograr la estabilidad que tanto se anhela.
Por lo tanto, se hace imperativo que dichas autoridades generen la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el modelo político institucional con la finalidad de calmar y estabilizar los mercados financieros, la moneda y la bolsa, que solo en un escenario económico estable podrán moverse en el mediano y largo plazo.
En conclusión, solo así, con un escenario estable, el Estado deberá mantener una responsabilidad macroeconómica, apertura comercial, libertad de empresa y emprendimiento y un rol activo dentro de la actividad empresarial.