Más de 30,000 accidentes se registraron en instituciones educativas de Ciudad de México entre octubre de 2024 y agosto de 2025, y 97 por ciento involucró a estudiantes, de acuerdo con datos del Congreso capitalino. La cifra evidencia la exposición a riesgos durante las actividades escolares y refuerza la relevancia de contar con mecanismos de protección financiera para hacer frente a los gastos derivados de una eventualidad.
En México regresan a las aulas más de 34 millones de estudiantes, mientras existen más de 42,000 escuelas particulares, que representan 17 por ciento del total de planteles, según información de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Aunque la Ley General de Educación no establece de manera explícita la obligatoriedad de contar con un seguro de Accidentes personales escolares, algunas entidades federativas disponen de programas propios para instituciones públicas, mientras que los planteles particulares pueden recurrir a esquemas de protección colectiva.
“Da estabilidad financiera a la escuela y a los involucrados ante los gastos imprevistos generados por accidentes, además de apoyar con los protocolos para agilizar la atención médica ante cualquier eventualidad o siniestro que ocurra durante las actividades escolares”, explicó Jesús Rodríguez, director de Vida de General de Seguros. Este tipo de cobertura puede extenderse a accidentes ocurridos dentro del plantel, durante actividades deportivas, culturales o recreativas organizadas por la institución, así como en el trayecto entre el domicilio y la escuela y en viajes previamente programados.
La protección puede contemplar gastos médicos derivados de un accidente, como consultas, cirugías, hospitalización, estudios, rehabilitación y medicamentos, además de indemnizaciones por pérdidas orgánicas o muerte accidental. Para Rodríguez, contar con este tipo de respaldo permite reducir el impacto económico de un accidente y proteger a estudiantes, familias y escuelas ante eventos que pueden ocurrir durante el ciclo escolar.
