Aunque es imposible vislumbrar con con claridad y precisión lo que pasará con el arribo de la próxima Administración Federal, todo indica que, desde el terreno legal, verá la luz una serie de reformas que en el corto plazo modificarán el funcionamiento de las industrias aseguradora y afianzadora; por ello, unificar los esfuerzos de los distintos gremios de especialistas en derecho enfocados en estas materias constituye la fórmula mágica para enfrentar los cambios que sobrevendrán.
En la actualidad, nadie sabe lo que va a ocurrir, pero sí hay mucha incertidumbre acerca de cómo podría afectar todo ello a los diversos sectores del país; es previsible, sin embargo, que se registren “algunas reformas que muy probablemente no resulten tan benéficas para el sector financiero, en el que seguros juega un papel predominante”, advierte Pablo Vizcaíno, vicecoordinador del Comité de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade) y Senior Partner en Vizcaíno y Figuereo Asociados, S.C.
En una reunión convocada por Revista Mexicana de Seguros y Fianzas, Vizcaíno expresó sus inquietudes ante la radicalidad que podrían tener los cambios que en materia legal introduzcan los miembros de la nueva Administración Federal, y advirtió que la estructura del Congreso de la Unión recién instalado ya ha dado muestras de la postura que adoptará para activar la política denominada “Cuarta Transformación”, una medida que, no descarta, podría afectar al desempeño del sector asegurador.
Pablo Vizcaíno indicó que lograr una cohesión verdadera entre todos los miembros de la cadena de valor de los seguros es indispensable para que el sector resista los embates del nuevo régimen (“Lo impredecible podría ser una constante en el próximo sexenio”); por consiguiente, agregó, conjuntar esfuerzos, desde el punto de vista legal, resulta fundamental, pues actualmente enturbian el ambiente señalamientos muy dispersos: “No estoy tan seguro de cómo será la dinámica que experimentará el sector asegurador en los próximos años”.
En cualquier caso, la industria debe diseñar propuestas reales que tendrían que cabildearse con los actores principales de la nueva administración; de modo que, cuando una nueva ley sea promulgada y pueda afectar al sector, éste haga presencia y exponga las repercusiones que dicho ordenamiento podría arrojar, consideró el abogado.
El especialista describió, por lo pronto, los posibles efectos que podrían sentirse si no se unen esfuerzos: “Si no se adopta este camino, todo queda en lo académico y en una discusión sin fondo, como ha pasado en los últimos años; en cambio, si nos unimos como uno solo, podríamos empezar a elaborar documentos con la postura de toda la industria, en los campos que sean afines a la idea de lograr una mayor penetración de estos servicios en el mercado”.