Por: Roberto Shoji Luna Nakachi
Director General del Instituto Mexicano Educativo de Seguros y Fianzas, A. C.
Los sectores asegurador y afianzador constituyen uno de los pilares fundamentales de la estabilidad económica y del bienestar social de cualquier nación. Su función trasciende la mera transferencia de riesgos: actúa como amortiguador ante choques económicos, facilita la inversión productiva y, en el caso del sector afianzador, garantiza el cumplimiento de obligaciones contractuales en obras públicas, servicios y créditos. Sin embargo, la calidad con la que se prestan estos servicios depende, en última instancia, de la formación y el desarrollo continuo del talento humano que los ejecuta.
En México, la industria aseguradora ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. No obstante, la penetración del seguro en la economía, medida como el porcentaje de primas respecto al Producto Interno Bruto (PIB), se mantiene en niveles modestos si se compara con los promedios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y con algunas naciones de América Latina. Una de las variables menos visibles, pero profundamente determinantes de esa brecha, es precisamente la desigualdad en la formación especializada de quienes operan, distribuyen y regulan los productos de seguros y fianzas.
En esta entrega, se analiza la importancia estratégica de la capacitación y el desarrollo de talento en los sectores asegurador y afianzador mexicanos, examinando el marco regulatorio vigente, las brechas identificadas, la inversión realizada por las empresas del sector y el contraste con los internacionales. A partir de este diagnóstico, se proponen líneas de acción concretas para cerrar las brechas existentes y fortalecer la competitividad de la industria.
Al cierre de 2024, el sector asegurador mexicano registró una penetración estimada en 2.8% del PIB, cifra que representa una mejora gradual respecto al 2.3% registrado en 2022 y el 2.5% de 2023. Las primas totales del sector crecieron en términos reales, y para 2025 la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) proyectaba un crecimiento real del 8.0% en el volumen de primas.
En cuanto a la fuerza laboral en el canal de distribución, la evolución de agentes con cédula vigente ante la CNSF ilustra una tendencia positiva pero aún insuficiente para cubrir la demanda latente de protección del mercado mexicano, alrededor de 63,000 hacia finales de 2025, entre personas físicas y apoderados de personas morales.
El sector afianzador, por su parte, mostro un crecimiento del 5.2% real en 2025, impulsado principalmente por las fianzas administrativas, alcanzando un monto total afianzado (responsabilidades) de 2.25 billones de pesos al cierre de 2024. El personal técnico directo en las principales afianzadoras se estima entre 1,600 y 1,800 colaboradores, según datos derivados del tamaño de las instituciones activas supervisadas por la CNSF.
Estos datos reflejan un sector dinámico, pero también uno cuya escala, en términos de penetración y de masa crítica de profesionales certificados, todavía no se corresponde con el tamaño de la economía mexicana ni con la magnitud de los riesgos que enfrenta la población y las empresas del país.
El marco jurídico que rige la formación de los profesionales del sector asegurador y afianzador en Mexico descansa, de manera central, en la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF), emitida por la CNSF. La Disposición 32.2.1 de dicho instrumento establece la obligación de impartir capacitación teórica propedéutica a quienes aspiran a ejercer como agentes, mientras que el Reglamento correspondiente regula el proceso de acreditación técnica ante la propia CNSF.
Para operar como agente de seguros en Mexico, es obligatorio contar con una cédula de autorización expedida por la CNSF, previa acreditación del examen correspondiente administrado a través del Sistema de Citas y Registro de Personas (SICREP). El sistema de cédulas distingue tres categorías principales:
- Cédula A: Riesgos personales y familiares (vida, gastos médicos, accidentes).
- Cédula B: Riesgos empresariales (incendio, responsabilidad civil, transportes).
- Cédula C: Riesgos especiales (crédito, caución, fianzas).
Diversas asociaciones del sector complementan el marco regulatorio con programas de formación continua. El Instituto Mexicano Educativo de Seguros y Fianzas (IMESFAC) cuenta con más de 100 programas enfocados en la capacitación y formación de talento sectorial, la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) ofrece diversos cursos y conferencias con especialistas que contribuyen a la formación de talento, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) también capacita a diversas audiencias relacionadas con el seguro como los periodistas especializados y mujeres con el Proyecto Minerva. Asimismo, las aseguradoras han creado sus propias universidades que buscan capacitar a sus colaboradores a profundidad y con metodologías propias. También podemos mencionar a empresas, consultorías, asesores y profesionales independientes que capacitan a los sectores asegurador y afianzador mediante diversos programas, especialmente a través del uso de tecnologías de la información y de la comunicación.
No obstante, la ausencia de un sistema de educación continua obligatoria y homologada a nivel sectorial (similar a los modelos existentes en países como Brasil o Chile) constituye un reto estructural que limita la actualización permanente del capital humano en la industria.
“El 68% de los empleadores en México reporta dificultades para cubrir vacantes con los perfiles requeridos, una de las tasas de escasez de talento más elevadas a nivel global.”
ManpowerGroup, Encuesta de Escasez de Talento 2024
La brecha de talento en México trasciende al sector asegurador, pero en este se manifiesta con especial intensidad dado el alto grado de especialización técnica que requieren sus distintas funciones. Según datos de ManpowerGroup, la escasez de talento en México alcanzo el 68% en 2024, ubicándose entre las más altas del mundo. En perfiles digitales y de tecnologías de la información, esta cifra escala al 79%.
Para los sectores asegurador y afianzador, los perfiles con mayor demanda insatisfecha incluyen: actuarios especializados en modelos de riesgo catastrófico y climático; profesionales en ciencia de datos aplicada al análisis de siniestros; expertos en ciberseguridad y evaluación de riesgos cibernéticos; y asesores con formación robusta en reglas de idoneidad (suitability) y compliance regulatorio. Un actuario mal formado o un agente que desconoce los términos reales de las pólizas que vende puede ocasionar daños patrimoniales significativos a los asegurados, además de erosionar la confianza en la industria.
A nivel institucional, la ausencia de un programa de formación técnica de nivel medio-superior orientado específicamente al sector asegurador implica que la mayor parte del conocimiento práctico se adquiere de manera informal, en el puesto de trabajo, sin una base teórica estructurada que garantice estándares mínimos de calidad, a pesar que existen escuelas e instituciones especializadas, pero se observa un desconocimiento de estas. Sin embargo, hay proyectos educativos que buscan subsanar esta debilidad formativa como lo es el Modelo Mexicano de Formación Dual, ejemplo de alianza público-privada entre actores nacionales e internacionales que busca formar a jóvenes de bachillerato en temas del sector asegurador.
Por otro lado, la inversión en capacitación y desarrollo de talento dentro del sector asegurador mexicano ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, aunque los datos disponibles son fragmentarios al carecer el sector de un reporte agregado oficial; por lo tanto, los datos provienen de fuentes corporativas voluntarias. La heterogeneidad de los datos refleja una realidad estructural: la inversión en formación es altamente dispar entre los grandes grupos aseguradores y las instituciones medianas y pequeñas, cuya capacidad de invertir en este rubro es considerablemente menor.
Para contextualizar adecuadamente el estado de la formación de talento en México, resulta indispensable contrastar sus indicadores con los de las principales economías aseguradoras de la región latinoamericana.
Brasil cuenta con 185,000 empleos directos en el sector asegurador, lo que (en términos relativos al tamaño de su economía) indica una mayor densidad de personal especializado. Su sistema de certificación, coordinado por la Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP) y operado a través del Examen Nacional de Seguros (ENS), impone la obligación de formación continua para mantener la habilitación vigente. Además, la Confederación Nacional de las Empresas de Seguros financia una red de programas educativos en alianza con universidades, elevando el nivel técnico promedio de la fuerza laboral.
Chile lidera en penetración aseguradora en la región, con cifras de entre 4.4% y 4.7% del PIB. Su Comisión para el Mercado Financiero (CMF) exige no solo la aprobación de un examen técnico inicial, sino también la recertificación periódica de los corredores y agentes, lo que garantiza la actualización permanente del conocimiento ante los cambios regulatorios y de productos. Este modelo ha sido señalado por la OCDE como una práctica recomendable para los mercados emergentes de la región.
Colombia mantiene una penetración de 3.23% del PIB y exige la certificación de idoneidad ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para todos los intermediarios. Argentina, con 29,133 empleados directos en el sector, requiere la licencia de Productor Asesor de Seguros (PAS) para operar, acompañada de cursos habilitantes supervisados por la SSN.
El denominador común en los casos exitosos de la región es la existencia de un marco de formación continua obligatoria. En el caso de México, esto se manifiesta a través del refrendo de la cédula de agente de seguros, cuya vigencia es de 3 años. Sin duda, un modelo distinto a otros países con resultados también diversos.
La brecha entre México y el promedio OCDE es contundente: con una densidad aseguradora de tan solo 265 dólares per capita frente a los 4,585 dólares del promedio OCDE, México captura menos del 6% de la protección financiera promedio que ofrecen los sistemas aseguradores de los países miembros. Esta cifra no solo refleja diferencias en ingreso disponible, sino también limitaciones estructurales en la oferta y distribución de productos de seguros.
Desde la perspectiva de la educación financiera, la Encuesta Internacional sobre Alfabetización Financiera de Adultos de la OCDE/INFE (2023) señala que, si bien el 46% de los adultos en países OCDE poseen algún tipo de seguro, solo el 26% compara productos antes de contratar, lo que indica que incluso en mercados maduros existen déficit de educación aseguradora entre los consumidores. Para México, donde la cultura del seguro es considerablemente menos arraigada, esta estadística cobra mayor relevancia.
Las Directrices de la OCDE sobre Intermediarios de Seguros (actualizadas en 2020 y 2025) establecen que los intermediarios deben poseer acreditaciones técnicas y comerciales obligatorias para reducir las asimetrías de información entre asesores y asegurados. Asimismo, recomiendan formación especifica en ética de algoritmos para el personal involucrado en el diseño de herramientas de venta digital, y exigen la realización de un análisis de idoneidad (suitability analysis) profundo del perfil de riesgo del cliente antes de la oferta de cualquier producto.
México, como país miembro de la OCDE, ha adoptado parcialmente estas recomendaciones en su marco regulatorio, pero la ausencia de mecanismos de verificación efectiva y de un sistema de formación continua obligatoria limita su aplicación práctica en el mercado.
La brecha de protección en Latinoamérica frente a desastres causados por fenómenos naturales es un indicador particularmente elocuente: aproximadamente el 81% de las perdidas económicas derivadas de catástrofes en la región no están aseguradas, y en México solo el 7% de los hogares cuenta con seguro voluntario contra sismo, a pesar de ser un país con alta vulnerabilidad sísmica. Cerrar esta brecha requiere, inevitablemente, una mayor y mejor capacitada fuerza de trabajo aseguradora.
A partir del diagnóstico presentado, es posible identificar un conjunto de propuestas concretas y viables para fortalecer la formación de talento en los sectores asegurador y afianzador mexicanos:
- Instituir un sistema de formación continua obligatoria
La principal reforma pendiente es la incorporación de la formación continua obligatoria como requisito para mantener la vigencia de la cedula de agente o corredor, no solo a través del refrendo. Siguiendo los modelos de Chile y Brasil, la CNSF podría establecer un numero mínimo de horas de capacitación anual vinculado a módulos de actualización regulatoria, productos, ética y nuevas tecnologías, cuya acreditación sea condición para la renovación de la licencia.
- Crear un indicador sectorial de inversión en formación
La CNSF, en coordinación con instituciones privadas del sector, podría publicar anualmente un indicador consolidado de inversión en capacitación del sector, desglosado por tipo de institución. Este indicador, similar al que emite la OCDE para otros sectores regulados, permitiría identificar rezagos, establecer metas de mejora y proveer a las empresas de un referente comparativo (benchmark) sectorial.
- Fortalecer la formación universitaria especializada
Es necesario impulsar programas de licenciatura y posgrado con especialización en seguros y fianzas que incluyan módulos de riesgo climático, ciencia de datos actuariales, IA aplicada al seguro y derecho regulatorio comparado.
- Ampliar los programas de formación para el sector afianzador
El sector afianzador, con un monto afianzado de 2.25 billones de pesos y un crecimiento sostenido, carece de programas de formación técnica específicos comparables a los disponibles para el sector asegurador. La Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías (AMIG) junto con la Oficina de Vinculación de Garantías (OVG) y la CNSF podrían desarrollar conjuntamente un programa de certificación especializada para profesionales de las afianzadoras, con énfasis en análisis de riesgo de contraparte, recuperación de garantías y gestión legal de fianzas.
- Incentivos fiscales para la inversión en capacitación sectorial
A semejanza de los esquemas existentes en otros países de la OCDE, podrían establecerse incentivos fiscales para las instituciones aseguradoras y afianzadoras que certifiquen inversiones en programas de formación tecnológica y actuarial, especialmente aquellos orientados a reskilling en IA, ESG y ciberseguridad, alineando los incentivos privados con las necesidades estratégicas del sector.
Estas propuestas deberían ser parte de la discusión pública para que los sectores asegurador y afianzador puedan no solo tener mejor capital humano disponible con índice de rotación bajo, sino atraer a jóvenes de diversos perfiles académicos para que se integren y contribuyan al desarrollo sostenible del país.