Al día de hoy, la propagación de la COVID-19 en Perú ha evidenciado la fragilidad de varios sectores, como salud, educación, transporte, trabajo y economía, entre otros, dejando al descubierto las carencias e ineficiencias del Estado peruano. Del mismo modo, las consecuencias económicas sufridas por este país hasta el momento son peores que las que se padecieron a escala mundial en los años 2008 y 2009, y en Perú desde el año 1998.
En Perú es alarmante el bajo grado de control y la ínfima capacidad que tiene el sistema de salud frente a la gran demanda por parte de los infectados en todo el territorio nacional, lo que ha dado como resultado un número muy grande de fallecidos.
A esta situación de desconcierto e incertidumbre causada por la cuarentena que se ha vivido se suma la informalidad laboral, que hasta hace algunos meses era aceptada y reconocida para desahogar algunas actividades del quehacer diario del país.
En el tema laboral, el empleo se contrajo en todas las ramas de la actividad económica, y el resultado a la fecha es que más de 1.2 millones de personas, solo en Lima, han perdido su empleo entre febrero y abril. Los más afectados son los jóvenes menores de 24 años.
La informalidad laboral es un fenómeno que ocurre en empresas medianas, pequeñas y microempresas. Se entiende como informalidad la práctica de contratar a personas que laboran sin beneficios en unidades de producción no reconocidas ni registradas. Y aquí no estamos contando a los 7 MM de independientes informales.
A lo antes indicado debemos agregar que más de 90 por ciento de las unidades empresariales en Perú son pymes. Por el hecho de ser pymes, estas empresas no cuentan con una gestión de riesgos, y mucho menos con un plan de continuidad de negocio que logre contener el daño que una pandemia pueda ocasionar.
Algunos sectores se ven hoy más afectados que otros, y esto está en función del grado de dependencia respecto a los suministros importados de Asia.
Otro factor importante que se debe considerar es que más de 80 por ciento de las pymes en Perú son informales, lo cual les impide incorporar las buenas prácticas del mercado, ya sea por costos o desconocimiento.
Luego de que pase esa situación, el Gobierno tendrá que hacer lo posible para formalizar a dichas empresas; también será tarea de todos los que estamos inmersos en el mundo de los riesgos hacer entender a dichas empresas los beneficios de realizar una gestión de riesgos, lo cual les permitirá:
- Identificar, analizar cualitativamente y priorizar sus principales riesgos.
- Autoevaluar cualitativamente sus controles.
- Hacer un benchmarking (comparativa de mercado) de la gestión frente a la competencia.
- Elaborar un plan de acción general para la mejora continua.
- Validar la mejor opción de seguro para diferentes riesgos.
Y deberemos difundir también los beneficios de elaborar un plan de continuidad de negocio:
- Limitar los efectos adversos y la disrupción a niveles aceptables.
- Priorizar funciones de su negocio e identificar los procesos críticos.
- Priorizar acciones, servicios, productos, informaciones, regiones y clientes.