A pesar de la extensa duración de la pandemia de COVID-19 y su considerable efecto sobre los ingresos de la población, retirar fondos de las cuentas individuales de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) no es aconsejable, ya que estos recursos económicos tienen como objetivo proteger la etapa de desacumulación de los trabajadores durante su vejez; por tanto, dicha acción empeorará aún más el panorama pensionario de América Latina, advierte la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP).
Las consideraciones de la FIAP se desprenden de su investigación más reciente denominada El retiro de fondos de pensiones por COVID-19, la cual señala que en las naciones de América Latina que cuentan con sistemas de capitalización individual, preocupantemente hay iniciativas parlamentarias que permitirían a los trabajadores retirar una parte de sus ahorros para el retiro, como consecuencia de la fuerte contracción económica que hoy sacude a la región y que desató la expansión del nuevo coronavirus.
De acuerdo con el organismo, la cristalización de lo descrito recrudecerá la difícil situación que ya guarda el ahorro para el retiro en Latinoamérica, puesto que antes de examinar esta clase de reformas, en los países de la zona ya existía un contexto en el que las personas estaban viviendo cada vez más, tenían alta rotación entre el mercado formal e informal y registraban insuficientes tasas de cotización.
Por lo anterior, la FIAP precisa que incuestionablemente en América Latina las pensiones son insuficientes; por tanto, sostiene, efectuar retiros de las afores no hará otra cosa sino agravar aún más esta preocupante coyuntura.
Retiros sin justificación
En otro punto de la investigación, se precisa que el retiro anticipado de los fondos que resguardan las afores no se focaliza en los trabajadores que más requieren ayuda por la pérdida de ingresos, ya que un porcentaje menor de los ahorros pertenecen a trabajadores informales, segmento que innegablemente ha sido el más golpeado por la crisis económica provocada por la pandemia.
La FIAP detalla que en la mayoría de las naciones de América Latina predomina el empleo informal; por ende, existe un bajo porcentaje de trabajadores que efectivamente cotizan en las plataformas pensionarias (en promedio, solo 36 por ciento de la población económicamente activa en toda la región).
El análisis recuerda lo acaecido en Chile, nación en la que ya se permite a los trabajadores sustraer fondos de las afores. En tal sentido, el análisis anota que en el país andino, una vez que se puso en marcha la nueva norma pensionaria, las ventas de televisores, artículos electrónicos e incluso automóviles crecieron fuertemente, lo que ratifica la falta de foco de la medida instrumentada.
El Estado debe dar la cara
La FIAP destaca que la experiencia vivida producto de la COVID-19 confirma la importancia de que los países implementen sistemas que blinden los ingresos de los trabajadores frente a las contingencias financieras que pueden enfrentar, como seguros de cesantía y otros esquemas para financiar otras necesidades (vivienda, educación y enfermedades); de tal suerte que puedan ser utilizados por los trabajadores o ante una emergencia general como la actual.
En caso de que no existan estos sistemas de protección, continúa la institución, el Estado debe apoyar a los trabajadores más necesitados. Al respecto, detalla que los gobiernos deben contar con información fidedigna, de manera que sepan a quién beneficiar. Encima, asevera, tendrán que ponerse en marcha campañas de difusión acerca de los programa que otorgan y cómo la población puede acceder a ellos, por medio de un lenguaje entendible.
Por último, la FIAP insiste en que los ahorros provisionales no deben apreciarse como una alternativa para obtener recursos en el corto plazo. En conclusión, el estudio puntualiza que en caso de ejecutar esta clase de iniciativas, el retiro se debe segmentar para beneficiar a quienes realmente lo necesitan, sin perder de vista que la medida debe ir acompañada de mecanismos claros y explícitos que permitan recuperar los fondos sustraídos de las cuentas individuales.