El 7 de septiembre de 2017, México sufrió un terremoto de magnitud 8.2 que se catalogó  como el más fuerte que haya sufrido el país en 100 años. Sólo dos semanas después, el 19 de septiembre, nuestro territorio  volvió a padecer una nueva sacudida, en este caso de magnitud 7.1. A pesar de que este movimiento de las placas tectónicas tuvo  menor magnitud que el precedente, ha quedado registrado como uno de los terremotos más mortales de la historia nacional reciente.

El sismo del 19 de septiembre de 2017 se registró  en Morelos, en el límite con el vecino estado de Puebla, hacia el centro del país. Se produjo a las 13:14 h hora local (UTC -5).    Su epicentro se localizó 12 km al sureste de Axochiapan, en el estado de Morelos; y el hipocentro, a una profundidad de 57 kilómetros. El sismo se sintió principalmente en la zona de Jojutla, Morelos y en   Ciudad de México.

El sismo del 19 de septiembre, de magnitud 7.1,  causó más daños que el del 7 de septiembre, de magnitud 8.2.  A pesar de que la magnitud del primero fue menor, la cercanía de la capital del país respecto al  epicentro acentuó la intensidad con que se percibió. El sismo del 19 se registró mucho más cerca de áreas más pobladas, y en particular de   Ciudad de México, la cual se encuentra parcialmente construida sobre los sedimentos de un antiguo lago, lo que amplifica las ondas sísmicas. Por su parte, el sismo del 7 de septiembre tuvo su hipocentro  en el mar, cerca de las costas del Pacífico, lo que atenuó la intensidad de sus ondas expansivas en Ciudad de México.

Efectos de un terremoto en la arquitectura  y en las estructuras

Normalmente, se establecen dos tipos de daños:  a) los que afectan a elementos estructurales y b) los que   sólo afectan a los acabados arquitectónicos.

 

 

Medidas de prevención

Ofrecemos algunas medidas de prevención ante los movimientos telúricos. A nivel estructural, pensemos que, a  diferencia de los eventos hidrometeorológicos, como los huracanes, los terremotos no pueden predecirse, por lo que la mejor manera de prevenir los daños materiales en este tipo de eventos es mediante el cumplimiento de las normas  y reglamentos vigentes relacionados con la construcción de edificios. De esta manera, las construcciones podrán soportar las fuertes vibraciones y movimientos que se producen, y los daños serán de menor gravedad.

Una de las circunstancias que se han podido comprobar tras los sismos de 2017 en México  es que una proporción elevada de las estructuras no cumplía con el reglamento de construcción vigente.

Por otro lado, los sismos del 7 y 19 de septiembre se cobraron 96 y 369 víctimas mortales, respectivamente, por lo que para intentar minimizar las pérdidas humanas derivadas del colapso de edificios   o de la caída de elementos arquitectónicos de los edificios es importante concienciar a la población e instruirla para que sepan cómo actuar ante un sismo.

Las ondas sísmicas se desplazan a una velocidad tal que permite cierto tiempo de preparación a las ciudades más alejadas. Por ejemplo, en el caso de   Ciudad de México, se estima que ésta cuenta con unos 45 segundos de margen tras la ocurrencia de un terremoto en la costa pacífica para que se sientan los efectos del movimiento.  

Para aprovechar esta circunstancia, en el caso de México existe un sistema de alerta sísmica que cuenta con 96 sensores en la costa del Pacífico mexicano. Esta zona es la más activa en cuanto a desplazamiento de las placas  y está relativamente alejada de la mayoría de los principales núcleos de población. Cuando se produce un temblor, se activan los sensores; y en este caso son ocho ciudades en el país las habilitadas para recibir la señal de alerta: Guadalajara, Colima, Morelia, Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, Puebla y   Ciudad de México.

En el caso del sismo del 7 de septiembre, los altavoces de la alerta sísmica de   Ciudad de México se activaron 97 segundos antes de que se sintiera el terremoto (se produjo en una zona muy alejada del centro del país), lo que permitió a millones de personas salir de su  casa con anticipación o permanecer en un lugar seguro. En el caso del sismo del 19 de septiembre, la zona del epicentro no estaba monitoreada por sensores dado que no es una zona muy activa;  por ello la población comenzó a sentir los efectos del sismo sin haber tenido previamente aviso de alerta.

A nivel económico.  Es importante también disponer de una póliza de seguros que proteja el patrimonio frente a las contingencias a las que están expuestos los bienes ante un sismo.

Sin embargo, en México hay una baja penetración del seguro. En  el caso del terremoto sufrido en septiembre de 2017, esa circunstancia  impidió que un número mayor de familias o negocios se beneficiaran económicamente de las  indemnizaciones por los daños.

Para el caso de pymes,  sólo 10 por ciento de ellas  contaba con alguna cobertura frente a terremotos. Esta cifra contrasta con la situación existente entre  las grandes empresas establecidas en la república mexicana, las cuales estaban aseguradas en 95 por ciento.  En este sentido, las pequeñas empresas, con menor acceso a estos programas, podrían beneficiarse de campañas de asesoramiento enfocadas en  alcanzar un grado mayor de protección financiera.

Ante esta falta de protección,  tras el sismo muchas pymes que no contaban con dicho aseguramiento sufrieron los graves daños producidos y sus consecuencias, lo que en algunos casos supuso problemas tan grandes para los propietarios que se vieron obligados  al cese de la actividad que venían desarrollando.

Para el caso de las viviendas, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), sólo   8.6 por ciento de las casas tiene una póliza que cubre daños por desastres naturales. A mayor abundamiento,  solo 25 por ciento de las propiedades residenciales cuenta con un seguro debido a la vigencia de un crédito hipotecario.

Entre los edificios afectados  se registraron algunos con daños muy  severos por colapsos o afectaciones estructurales, en los que la autoridad   o los Directores Responsables de Obra (DRO) llegaron incluso a determinar que la estructura comprometía la seguridad de los usuarios.     En estos casos, los habitantes de esos edificios no podían usarlos, y se daban dos tipos de consecuencias asociadas a dichos daños materiales.

  1. En los casos de viviendas, sus propietarios, particulares en su mayoría, requerían   el apoyo de las autoridades y del mercado asegurador para atender las reparaciones o contar con un alojamiento alternativo.
  2. En los casos de empresas   o industrias, el objetivo se enfocó en intentar reparar los daños estructurales cuanto antes para que se pudiera  retomar la actividad o buscar una ubicación alternativa si la naturaleza del riesgo así lo permitía, o intentar derivar la producción a otra empresa del sector  con el fin de minimizar las pérdidas consecuenciales.

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