El reparto de utilidades dejó de ser para muchos trabajadores mexicanos un ingreso destinado a compras extraordinarias o recreación. En 2026, el 65 por ciento de quienes recibieron la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) utilizó esos recursos para cubrir deudas y gastos esenciales del hogar, de acuerdo con una encuesta de Research Land, agencia de investigación de mercados de Grupo UPAX.
Los resultados muestran que 34 por ciento de los trabajadores destinó la prestación a gastos del hogar, como despensa, servicios o reparaciones, mientras que 31 por ciento la utilizó para pagar tarjetas de crédito, préstamos u otras deudas. En contraste, 26 por ciento optó por ahorrar o invertir a largo plazo y apenas 9 por ciento empleó el recurso para viajes, entretenimiento, tecnología u otros consumos personales. Para Pablo Levy, director general de Research Land, estos resultados evidencian que las utilidades “dejaron de percibirse como un dinero adicional para darse gustos y pasaron a funcionar como un mecanismo de estabilidad financiera”.
La tendencia ocurre en un contexto de mayor presión económica para las familias. Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) muestran que la morosidad en el crédito al consumo aumentó 12 por ciento nominal durante 2025, reflejando mayores dificultades de pago entre los hogares mexicanos.
Respecto al monto recibido, 43 por ciento de los encuestados consideró que las utilidades fueron similares a las del año anterior y 32 por ciento afirmó haber recibido una cantidad superior a la esperada. Sin embargo, 12 por ciento señaló que obtuvo menos recursos de los previstos y 13 por ciento reportó que no recibió utilidades o que su empresa declaró no haber generado ganancias.
El estudio también identificó inconformidad con la carga fiscal aplicada a esta prestación laboral. Aunque 42 por ciento dijo comprender que la retención del ISR es una obligación legal, 26 por ciento consideró excesivo el monto descontado y 10 por ciento reconoció no entender cómo se calcula dicho impuesto.
En este contexto, 83 por ciento de los participantes se manifestó a favor de eliminar el ISR aplicado al aguinaldo y al reparto de utilidades, ya sea de manera total o con ciertos límites salariales. “Los datos reflejaron un desgaste importante en la percepción sobre los impuestos aplicados a prestaciones laborales. Para muchas personas, el reparto de utilidades representó un ingreso esperado para enfrentar compromisos financieros y no necesariamente un beneficio extraordinario”, señaló Levy.
La encuesta también reveló dudas sobre la transparencia de las empresas en la determinación de las utilidades. Mientras 45 por ciento expresó una confianza moderada en que las compañías reportaron correctamente sus ganancias y 25 por ciento manifestó confianza total, 24 por ciento sospechó que las utilidades reales fueron mayores a las declaradas y 6 por ciento aseguró no confiar en los reportes empresariales. Para el directivo, estas cifras muestran la necesidad de fortalecer la comunicación y la claridad en torno a este derecho laboral.
