En México, siete de cada 10 trabajadores prefieren un aumento directo al salario antes que mejoras en prestaciones; sin embargo, la ley no obliga a las empresas a otorgar incrementos automáticos. De acuerdo con un sondeo de Up Sí Vale, el 73.75 por ciento de los colaboradores optaría por un mayor sueldo, frente al 26.25 por ciento que elegiría ampliar beneficios laborales, en un contexto de presión por el costo de vida.
Pese a la percepción generalizada de que los aumentos deben ser anuales, la Ley Federal del Trabajo no establece esa obligación. El marco legal únicamente contempla incrementos salariales en dos supuestos: cuando se determina un ajuste al salario mínimo por parte de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos o cuando existen contratos colectivos, convenios sindicales o acuerdos formales que así lo establezcan. Fuera de estos casos, los aumentos dependen de políticas internas, desempeño o negociaciones individuales.
El salario mínimo es, así, el único referente obligatorio de carácter general. Cada año, la autoridad fija un nuevo monto diario que ningún trabajador puede percibir por debajo de ese nivel. Cuando se publica el ajuste, las empresas deben actualizar únicamente los sueldos que estén por debajo del nuevo mínimo, sin que ello implique un incremento generalizado para todos los niveles salariales. En cuanto a la inflación, aunque suele considerarse como parámetro económico para mantener competitividad y poder adquisitivo, no representa una obligación jurídica de ajuste.
El sondeo de Up Sí Vale revela además que la muestra estuvo integrada principalmente por trabajadores de entre 28 y 43 años (51.63 por ciento) y de 44 a 60 años (33.68 por ciento), con participación relevante de los sectores manufactura (38.50 por ciento) y comercio (28.45 por ciento). Más de la mitad de los encuestados (50.89 por ciento) afirmó contar con prestaciones superiores a las de ley, lo que refleja que, aun con beneficios adicionales, la prioridad sigue siendo el ingreso directo.
